Pocas luces y muchas sombras

Balance del curso escolar 2015-2016

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ANPE-Madrid hace balance de un curso iniciado con buenos augurios y mejores deseos para la educación madrileña, ante la perspectiva de la puesta en marcha de iniciativas que pudieran dotarla de estabilidad y mayor calidad, y restablecer las condiciones sociales y laborales del profesorado, pero cuyo transcurso ha ido evidenciando que había más talante que concreciones.

El curso, iniciado con la perspectiva de las elecciones del 20D, termina con la convocatoria del próximo 26J, dos hitos que han marcado y mediatizado el debate educativo. Esperemos que, tras la cita electoral, pueda configurarse un gobierno nacional que dé estabilidad a la educación y tenga la capacidad de abrir un diálogo y un debate con todos los agentes educativos y las fuerzas políticas, que permita realizar el diagnóstico compartido de la verdadera situación de la educación española en todos los niveles, incluida la universidad, imprescindible, como paso previo, para avanzar en un Pacto de Estado educativo, siempre contando con la participación del profesorado para fraguar acuerdos duraderos.

El Libro blanco de la función docente, una propuesta discutida y discutible, cuyo contenido requería el marco de la Mesa Sectorial de Educación, solo sirvió para que algunos, torticeramente, pusieran el foco en el profesorado, cuestionaran su competencia y profesionalidad, y nos distrajeran de los verdaderos problemas que la aplicación de la LOMCE y los recortes estaban ocasionando.

Otro mantra recurrente ha sido el pacto educativo. ANPE ha reiterado la necesidad de impulsar un gran acuerdo que dote de estabilidad al sistema, aleje a la educación de la confrontación ideológica permanente y alcance un compromiso para hacer de ella una verdadera prioridad política y social en España, pero a la hora de la verdad el debate ha discurrido por meras declaraciones de intenciones, vacías de compromiso, tras las cuales se atrincheran posiciones ideológicas irreductibles.

La proposición sobre la suspensión de la LOMCE, debatida en el Congreso, puso a la educación en el centro del debate político, de modo irreflexivo, sin pensar en las consecuencias inmediatas que puede tener para la organización de los centros, para los alumnos y sus familias y los propios profesores, la paralización de una ley que lleva dos cursos aplicándose sin tener aprobada otra ley alternativa que la sustituya.

ANPE considera que las pruebas externas, que han generado una ceremonia de la confusión orquestada por algunas comunidades autónomas, son pruebas externas de diagnóstico de carácter orientador, sin consecuencias académicas, y deberían estar dirigidas a valorar el aprendizaje del alumnado, establecer planes para su recuperación y mejorar el rendimiento, sin que sirvan para establecer rankings de centros.

ANPE quiere recordar, asimismo, su posición sobre las denominadas reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato: en los niveles obligatorios, ningún alumno debería ver cercenadas sus posibilidades de titulación por la aplicación directa de evaluaciones externas, siempre que haya acreditado suficientemente en las internas la superación de las competencias, los objetivos y los contenidos curriculares establecidos en cada nivel. Y en la prueba de 2º de bachillerato, coincidimos con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas: una sola prueba externa, con efectos académicos, que sirva para la obtención del título y para el acceso a la universidad.

En el ámbito regional, ANPE se ha manifestado crítico con el documento presentado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid como base de un futuro Pacto por la Mejora de la Educación madrileña promovido por el Gobierno Regional, un catálogo de recomendaciones descontextualizadas y cuestionables, sin un diagnóstico de la situación de la educación en esta comunidad y en cuya realización no se ha contado con los centros docentes ni el profesorado. Rechazamos su enfoque marcadamente neologsiano, la naturaleza y el alcance de algunas medidas propuestas y las carencias que evidencia.

En cuanto al nuevo Acuerdo Sectorial que sustituyese al de 2006-2009, se evidencia la ausencia de interés en negociarlo por parte de la Administración, una vez que ya se ha comprado la paz social. El Gobierno regional, los dos sindicatos mayoritarios y la patronal madrileña firmaron en marzo un acuerdo “en favor del empleo” para 2016-2017, con una dotación de 650 millones de euros y que incluye 70 acciones encaminadas a reforzar la estabilidad laboral y cualificar a los parados de larga duración. Un dinero que se irradia en parte hacia las organizaciones firmantes, para que puedan implementar las medidas previstas en dicho acuerdo. Con estas claves, se pueden entender mejor la lentitud y los escasos resultados obtenidos a lo largo del curso en la Mesa Sectorial en relación a los temas profesionales y aspectos que significarían la reversión de los recortes.

El Acuerdo de interinos ha sido la excepción porque, tras la derogación por la Asamblea de Madrid del Decreto 42/2013 y las normas que lo desarrollaban, debió negociarse de forma inmediata un nuevo acuerdo que llenase el vacío legal producido. Este texto supone una enmienda a la totalidad de la anterior regulación y un cambio radical en los requisitos de acceso, al ponderar el valor de la experiencia como factor de calidad y la nota de la oposición. Pero han quedado cuestiones pendientes, como el pago del verano, que debería quedar cerrado antes de finales de junio, o el pago de sexenios, tras las sentencias en cascada favorables a quienes los han demandado.

También es positivo el resultado de la negociación de una nueva orden de Formación, a punto de cerrarse, menos restrictiva que la anterior, que recuperará aspectos y modalidades formativas anulados en 2008.

Si el Gobierno regional no acelera el cierre de estos acuerdos, incluida la Ley de Presupuestos, sus adversarios políticos le enmendarán la plana en la Asamblea de Madrid, donde tienen mayoría, y rentabilizarán políticamente asuntos que suponen una reversión de los recortes y afectan a los docentes.

Si durante el primer trimestre del curso dimos al consejero un margen de confianza para que encarrilara la política educativa, llegados a junio se hace inevitable reclamar que al comienzo del curso 2016-2017 estén encaminados los asuntos pendientes, entre los que destacamos:

 

  • Negociación del Acuerdo Sectorial y recuperación de los derechos perdidos por el profesorado de la enseñanza pública madrileña en los últimos cinco años.
  • Vuelta a las dieciocho horas lectivas en Secundaria.
  • Pago de las tutorías.
  • Adaptación de los permisos y licencias al resto de funcionarios.
  • Incremento significativo de la inversión educativa que permita la reversión de los recortes, el refuerzo de las plantillas en los centros, la reducción de la alta tasa de profesorado interino.

Para que ANPE pueda sumarse al pacto regional por la mejora educativa, deben incluirse estas medidas urgentes e imprescindibles, con la correspondiente previsión presupuestaria pues, atendiendo al precedente del acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno regional, los sindicatos mayoritarios y la patronal, sería impensable un pacto educativo a coste cero tras años de recortes y desinversión.

Sin cuestionar la evaluación de sexto de Primaria, los “cuestionarios de contexto” que la han acompañado han generado la indignación de los profesores y el rechazo de ANPE, al constatar que incluían preguntas o ítems totalmente subjetivos sobre aspectos claves de la práctica docente que no debían figurar en ellos, pues no era el momento de evaluar al profesorado. Y lo que es más grave, en su elaboración se prescindió de la opinión de los docentes, “olvidados” por la Administración educativa estatal cuando estableció, en la Resolución de 30 de marzo de 2016, quiénes eran sus destinatarios, omisión que la Consejería de Educación madrileña tenía la potestad de subsanar, pero tampoco lo hizo.

El debate suscitado tras la aprobación en la Asamblea de una PNL en la que se pretende que sea la Consejería quien regule el tiempo o la duración semanal de los deberes y el tipo de tareas que pueden o deben poner los profesores es un claro ejemplo de intromisión inaceptable en el ámbito técnico profesional del docente y en la autonomía de los centros.

En el relato de estos temas hay un denominador común: no se ha contado con el profesorado para buscar su implicación ni para escuchar sus propuestas. Persiste el error contumaz de legislar de espaldas a los docentes, ignorando que son quienes han de aplicar las medidas académicas que se aprueben, y de pretender suplantar su punto de vista por el de consejeros áulicos o asesores designados a dedo.

Pocas luces y muchas sombras en el curso que finaliza e incertidumbre para el próximo. Ante el inminente proceso electoral y desde el respeto a las diversas opciones políticas, ANPE sostiene que la Educación debe formar parte de una política de Estado, que responda al interés general de los ciudadanos y no a intereses partidistas. El éxito y la calidad escolar, la motivación de los docentes, la dotación de los recursos necesarios y la confianza en un sistema educativo eficaz y avanzado deberían constituir el verdadero debate educativo y el compromiso político y social de llevarlo a la práctica. Mientras no se involucre especialmente al profesorado, que está a pie de aula, y a las organizaciones representativas como principales aglutinantes, cualquier acuerdo o pacto será imposible, y las reformas y medidas seguirán teniendo fecha de caducidad. 

ANPE-Madrid, sindicato de profesores de la enseñanza pública

Madrid, 16 de junio de 2016

 

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